Recientemente, se ha promulgado una controvertida ley en Florida que limita la capacidad de compra de bienes raíces para ciudadanos extranjeros de siete países. Esta medida ha sorprendido al mercado inmobiliario global de Miami.

La legislación, impulsada por el gobernador Ron DeSantis y aprobada por el Senado estatal la primera semana de Mayo 2023, prohíbe la adquisición de propiedades inmobiliarias a la mayoría de los ciudadanos de China, Cuba, Rusia, Venezuela, Corea del Norte, Irán y Siria dentro de un radio de 10 millas de complejos militares o infraestructuras críticas, como aeropuertos, puertos, plantas de tratamiento de aguas residuales y de energía eléctrica.

Sin embargo, se establecen excepciones para los extranjeros de esos países que vivan en la Florida con visados no turísticos o que hayan obtenido asilo en el estado. Esta modificación se hizo después de la oposición de chinoestadounidenses que consideraban la medida discriminatoria.

La versión final de la legislación diluida, que llegó al escritorio del gobernador, no incluía una prohibición general para los chinoamericanos de poseer propiedades en todo el estado, sino que se centró únicamente en el programa de inversionistas inmigrantes EB-5, el cual permite a los inversionistas extranjeros obtener tarjetas de residencia a cambio de su inversión en grandes desarrollos inmobiliarios en Florida y otros estados. Según los expertos, las áreas del Condado Miami-Dade, donde ya residen muchas personas de estos siete países, especialmente Sunny Isles Beach, conocida como la Pequeña Moscú, Doral y Hialeah, serán las más afectadas por esta ley.

En general, se espera que el mercado inmobiliario del sur de Florida se mantenga resistente y prácticamente indemne, según un abogado, asesor y agente inmobiliario entrevistado para este artículo. Es importante destacar que la ley no afecta a los extranjeros de los países considerados "de interés" que alquilan viviendas en la región y en todo el estado.

El abogado Dennis Eisinger, socio gerente del bufete Eisinger Law en Hollywood, señala que esta legislación tendrá un impacto mínimo en el interior del estado, pero tendrá consecuencias significativas en las áreas costeras. Además, advierte que la ley presenta cierta vaguedad en su redacción y en la forma en que se elaboró. Eisinger pronostica que la ley probablemente enfrentará demandas legales en el futuro, pero señala que los litigios pueden llevar meses o incluso años en afectar su implementación.

¿Cuáles son los principales mandatos de la ley?

A partir del 1 de julio, los ciudadanos extranjeros de los siete países designados solo podrán comprar terrenos o residencias de hasta dos acres en Florida, siempre y cuando estén ubicados fuera del radio de 10 millas de infraestructuras críticas o instalaciones militares. Además, deberán registrar la propiedad en el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor y en el Departamento de Oportunidades Económicas (DEO) del estado. Aquellos ciudadanos de estos países que ya sean propietarios de bienes inmuebles en Florida podrán conservar sus propiedades, sin importar su ubicación, pero deberán registrarlas en el estado a partir de enero de 2024. Aquellos que no se registren se enfrentarán a multas diarias de $1,000.

En el caso de aquellos propietarios de las naciones mencionadas que hereden condominios, casas o terrenos después del 1 de julio y que estén dentro del radio de 10 millas de infraestructuras críticas, edificios militares y terrenos agrícolas, tendrán tres años para vender las propiedades.

La ley entrará en vigor a partir del 1 de julio, lo que significa que los compradores extranjeros no podrán adquirir propiedades cercanas a infraestructuras críticas o recintos militares. Aquellos propietarios o agentes inmobiliarios que vendan terrenos o viviendas cerca de estos lugares a extranjeros afectados por la medida enfrentarán sanciones y multas. Sin embargo, aquellos extranjeros que adquieran propiedades en Florida antes de julio podrán conservarlas, independientemente de su ubicación.

En cuanto a quiénes ganan y pierden con esta ley, Jack McCabe, propietario de la empresa de investigación inmobiliaria y económica Jack McCabe Expert Services en Deerfield Beach, señala que esta afectará a todos en el mercado inmobiliario de Florida. Los desarrolladores urbanos se verán impedidos de vender a compradores de estos siete países y obtener capital de ellos para nuevas construcciones. Por otro lado, los residentes locales y aquellos que se mudan desde el noreste serán los mayores beneficiados, ya que habrá menos competencia para adquirir propiedades, lo que puede ser ventajoso para el mercado local. McCabe también menciona que aquellos propietarios con propiedades de alto valor y los desarrolladores que han atendido a compradores extranjeros serán los más perjudicados. En el caso de las comunidades de Miami-Dade que durante mucho tiempo han sido marcadas por la presencia de ciudadanos de estos siete países, se espera que vean un aumento en la oferta de propiedades y una disminución de los precios.

Sin embargo, a pesar de los efectos negativos previstos, se espera que las expansiones corporativas continuas y la migración de la riqueza sigan amortiguando gran parte de los impactos de esta ley. Los profesionales con altos ingresos del noreste y la costa oeste siguen llegando a Florida, lo que impulsa los precios de la vivienda.

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